La reciente designación por parte de FinCEN de varias instituciones financieras mexicanas como “primary money laundering concerns” pone de manifiesto la urgencia de reforzar los controles internos y adoptar procesos de verificación continuos.
Este artículo analiza las lecciones derivadas de estos eventos, el entorno regulatorio emergente y las estrategias tecnológicas que las entidades pueden implementar para anticiparse y mitigar futuros riesgos.
El pasado junio, la autoridad estadounidense responsable de combatir el lavado de activos (FinCEN) emitió órdenes que calificaron a tres instituciones financieras mexicanas como de “primary money laundering concern”, vinculándolas con el tráfico de precursores de fentanilo.
Originalmente, las prohibiciones debían entrar en vigor a finales de julio, pero fueron postergadas hasta el 4 de septiembre de 2025 tras gestiones de la Secretaría de Hacienda.
Para proteger a depositantes y acreedores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asumió temporalmente la administración de dichas entidades, mientras impone sanciones por hasta 185 millones de pesos por deficiencias de control antinarco.
En la Asociación de Bancos de México, su presidente defendió la resiliencia del sistema y negó la existencia de más instituciones implicadas, aunque reconoció que estas revelaciones ponen a prueba los protocolos de “Conoce a tu Cliente” y “Conoce tu Empresa”.
Estas enseñanzas refuerzan la importancia de abordar la verificación de terceros como un proceso continuo, no como un requisito de caja que se tacha una sola vez al firmar un contrato.
El andamiaje legal contra el lavado de dinero en México arrancó con la Ley de 2012 y se robusteció con reglamentos posteriores, pero tras las recientes órdenes de FinCEN se aceleran propuestas de:
El lavado de dinero evoluciona con la tecnología. Entre las amenazas emergentes destacan:
Frente a este panorama, ninguna institución, grande o pequeña, está exenta: la prevención debe escalar al ritmo de la innovación y estar alineada con expectativas internacionales.
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Con ekatena, las instituciones elevan sus estándares de cumplimiento, reducen tiempos de validación y demuestran de forma transparente a reguladores y socios que sus controles están blindados.
La reciente crisis de supervisión financiera sirve como recordatorio de que la prevención del lavado de dinero es un ejercicio activo y transversal. Asegurar la integridad del ecosistema requiere más que cumplir normativas: exige tecnología, cultura organizacional y vigilancia constante.
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